Publicado el 14/04/2013
"Nosotros estamos consiguiendo centenares de daciones en pago, pero no precisamente por el decreto que viene del Gobierno. Recordemos que en más de seis meses se firmaron solo ocho vergonzosas daciones en pago en el marco de este decreto", informa Colau.
"Con esa medida no se han conseguido daciones en pago pero la movilización social y la presión que les ha tocado la imagen pública ha forzado que los bancos tengan que empezar a dar respuesta. El problema es que si solo se debe a la movilización ciudadana, hay mucha gente que no ha llegado a la PAH".
La polémica de los escraches enfrenta a políticos, opositores de una medida que aseguran, vulnera el derecho a votar con libertad, y una ciudadanía aferrada a la presión popular para frenar en última instancia el desahucio de sus viviendas. En el fondo del debate, el carácter pacífico o agresivo de estos escraches.
"Se tiene que cambiar la ley porque no se puede confiar en las buenas intenciones de las entidades ciudadanas ni dejarlo todo en manos de los movimientos sociales. Hay que regular para que todo el mundo tenga los mismos derechos", dice la activista catalana.
"La PAH está ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación y a la protesta, en ningún caso hemos incumplido normativas, y lo único que hemos visto es que el Gobierno, en el momento que la plataforma tiene más apoyo social con más de un millón de firmas, llega una sentencia europea y nos da la razón, en ese momento el PP se inventa una campaña de criminalización e intenta desviar el foco de la atención".
"No podemos asumir el discurso de la mentira y la criminalización. Hace mucho tiempo que se está vulnerando el estado de derecho, que se han traspasado las líneas rojas y se están pisoteando los Derechos Humanos en este país. Nosotros llevamos cuatro años demostrando que somos un movimiento pacífico, en acciones ejemplares. No creo que tengamos que demostrar nada", asegura la portavoz de la PAH.
"Tenemos un protocolo donde se dice que jamás vamos a incitar al insulto o a la violencia, en cambio las únicas amenazas reales vienen del Estado, hay diputados que dicen que nos arrancarán la cabeza. En este país, los diputados están 'bunkerizados', con una impunidad absoluta y escondidos tras la disciplina de voto, ese es otro de los sentidos del escrache", reflexiona Colau.
"Con esa medida no se han conseguido daciones en pago pero la movilización social y la presión que les ha tocado la imagen pública ha forzado que los bancos tengan que empezar a dar respuesta. El problema es que si solo se debe a la movilización ciudadana, hay mucha gente que no ha llegado a la PAH".
La polémica de los escraches enfrenta a políticos, opositores de una medida que aseguran, vulnera el derecho a votar con libertad, y una ciudadanía aferrada a la presión popular para frenar en última instancia el desahucio de sus viviendas. En el fondo del debate, el carácter pacífico o agresivo de estos escraches.
"Se tiene que cambiar la ley porque no se puede confiar en las buenas intenciones de las entidades ciudadanas ni dejarlo todo en manos de los movimientos sociales. Hay que regular para que todo el mundo tenga los mismos derechos", dice la activista catalana.
"La PAH está ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación y a la protesta, en ningún caso hemos incumplido normativas, y lo único que hemos visto es que el Gobierno, en el momento que la plataforma tiene más apoyo social con más de un millón de firmas, llega una sentencia europea y nos da la razón, en ese momento el PP se inventa una campaña de criminalización e intenta desviar el foco de la atención".
"No podemos asumir el discurso de la mentira y la criminalización. Hace mucho tiempo que se está vulnerando el estado de derecho, que se han traspasado las líneas rojas y se están pisoteando los Derechos Humanos en este país. Nosotros llevamos cuatro años demostrando que somos un movimiento pacífico, en acciones ejemplares. No creo que tengamos que demostrar nada", asegura la portavoz de la PAH.
"Tenemos un protocolo donde se dice que jamás vamos a incitar al insulto o a la violencia, en cambio las únicas amenazas reales vienen del Estado, hay diputados que dicen que nos arrancarán la cabeza. En este país, los diputados están 'bunkerizados', con una impunidad absoluta y escondidos tras la disciplina de voto, ese es otro de los sentidos del escrache", reflexiona Colau.
