Ruiz-Gallardón amenaza con retirar la nacionalidad a inmigrantes que participen en ‘escraches’ y otras protestas
La diputada Soledad Pérez Dominguez dio el miércoles la voz de alerta en el pleno del Congreso: según el anteproyecto de adquisición y pérdida de la nacionalidad española que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene en cartera, los inmigrantes extranjeros que hayan conseguido la nacionalidad pueden perderla por “razones de orden público, por oponerse a un desahucio” o por participar en un escrache. Pérez Domínguez es miembro de la dirección del PSOE y posee buena información. El ministro escuchó el aviso y no se esforzó en desmentirlo. Gallardón sabe que la amenaza de quitar la nacionalidad a los inmigrantes es una herramienta intimidatoria decisiva para acallar las protestas contra los desalojos.
La alerta de Pérez Domínguez se produjo unas horas antes de que la Comisión de Economía del Congreso apruebe hoy con competencia legislativa plena el texto del PP sobre las hipotecas. El proyecto lamina la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), avalada por casi 1,5 millones de firmas, y no resuelve el problema de los que han perdido su vivienda y los que están incursos en los más de 200.000 procesos pendientes de desahucio.La PAH ha convocado para hoy a las 14 horas una concentración de protesta frente al Congreso.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó ayer en respuesta al dirigente de IU, Cayo Lara, y al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, la aplicación en el resto de España de la normativa andaluza que prevee la expropiación a los bancos del uso de las viviendas por tres años para que las familias no se queden sin casa, así como las multas a las entidades por las viviendas que mantengan vacías por más de seis meses. El ministro atribuyó el problema de las hipotecas al Gobierno anterior, pues, según dijo, entre 2005 y 2007 se concedieron 1,3 millones de hipotecas, un 50% más que el promedio de los años anteriores, y es ahí donde está el problema. Después sobrevino la crisis financiera, incluída la quiebra de Lehman Brothers, pero eso no lo dijo.
Ante la acusación de Lara de que el Gobierno está con la banca, no con la gente, el ministro apeló a la reducción de las remuneraciones a los directivos y al incremento de las provisiones bancarias para demostrar que el Ejecutivo no se pliega, y prometió datos sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas y la ”dacción en pago“. Y ante las palabras de Heredia en el sentido de que, como ha hecho la Junta de Andalucía, es posible paliar el sufrimiento de la gente, el ministro aseguró que su decreto, con alquileres por dos años de 150 a 400 euros mensuales para evitar los desalojos, es mucho mejor que la expropiación temporal.
Volviendo a la espada de Damocles (Gallardón) contra los inmigrantes que protesten, vale recordar la sorpresa de la escritora croata Dubravka Ugresic, residente en Ámsterdam durante la guerra de los Balcanes, cuando comprobó que los holandeses regalaban una patata de porcelana azul de Delft a quienes adquirían la nacionalidad de su país. ¿Y en España? Aquí no te regalan nada y, en cambio, te pueden convertir en un paria “por razones de orden público” si protestas contra la injusticia.
Tamaña previsión sancionadora contrasta con los sesusos estudios sobre la conveniencia de incluir en la misma norma la concesión de la nacionalidad a los extranjeros que dispongan de 150.000 euros y decidan invertirlos en una vivienda en España. El anteproyecto de Gallardón supone, además, una amenaza para los cientos de miles de jóvenes que optan por el “exilio económico” ante la falta de futuro en este país. Aunque según la ministra de lo que no hay, Empleo, Fátima Báñez, no son exiliados económicos, sino gente que practica la “movilidad exterior”, lo cierto es que si ejercen sus derechos políticos en el país de acogida podrían perder la ciudadanía y la nacionalidad española.
Sin desmentir esa amenaza ni la supresión de la nacionalidad española a quienes tengan doble nacionalidad y ejerzan sus derechos políticos fuera de España –lo que afectaría Eduardo Paes, alcalde de la ciudad olímpica de Río de Janeiro–, Gallardón dijo que la reforma de la nacionalidad busca “eficacia y claridad” ante las “divergencias en los registros civiles” y trata de “armonizar” los criterios de residencia y arraigo económico con el pronunciamiento del Tribunal Supremo. “La normativa se ajustará al Convenio Europeo de 1997”, añadió, como si el convenio no atribuyera al ordenamiento interno de cada Estado la facultad de establecer quiénes son sus nacionales y de dar o quitar la nacionalidad según los criterios autónomamente establecidos.
Cierto es que, por otra parte, el contenido profundamente corrupto de la “cleptocracia“ española, en la que, según denunció ayer el socialista alicantino Gabriel Echávarri, el actual ministro de Justicia elaboró hace 20 años la guía para la defensa del tesorero de su partido (entonces Alianza Polular), Rosendo Naseiro, imputado por financiación ilegal, y estableció que se podían financiar ilegalmente hasta el día de hoy sin que pasara nada, y ha elevado a su cuñada y sobrina del tesorero imputado con Bárcenas, Álvaro Lapuerta, a la categoría de directora de la abogacía del Estado, puede atemperar bastante la pena de que le quiten a uno la nacionalidad de este reino.
