Publicado el 21/04/2013
El caso de los ERE fraudulentos nace en un restaurante sevillano, 'La Raza', cuando sus propietarios denuncian en 2009 que Daniel Ponce y Fernando Mellet les exigen una comisión ilegal para poder montar una escuela de hostelería en terrenos de la empresa municipal Mercasevilla.
Mellet y Ponce son los responsables de la empresa pública que gestiona el mercado central, presuntamenre hacen a los dueños del restaurante una oferta muy tentadora: les pagan un generoso soborno de 450.000 euros y tentran no solo los terrenos para la escuela que quieren, además les concerán a dedo una subvención de la Junta de 900.000 euros. Lo que no saben es que los empresarios de 'La Raza' les están grabando.
La investigación de este caso destapa graves irregularidades en la tramitación de un ERE presentado por Mercasevilla. Descubren que en la lista de prejubilados hay intrusos, personas beneficiadas con jugosas prejubilaciones, pagadas con dinero público, que nunca trabajaron allí.
Nace así el caso Mercasevilla, embrión del caso de los ERE falsos. La investigación de la jueza Mercedes Alaya, sigue en marcha, pero ya ha conseguido desentrañar buena parte de una importante trama de corrupción.
Hay que retroceder hasta 2001 para encontrar su origen. Ese año, la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, firma un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía, una empresa pública cuyo presidente es Antonio Fernández.
Ellos son, según la investigación, quienes idean y ponen en marcha ese sistema que autoriza al IFA a gestionar un fondo de dinero de la Junta para ayudar empresas en crisis. Es lo que en los presupuestos andaluces se llama partida 31L, bautizada como 'fondo de reptiles' por uno de los principales imputados. Entre 2001 y 2011, la Junta presupuestó así 844 millones de euros, según datos de los presupuestos andaluces.
Al ser gestionado por una empresa pública y no directamente por la administración, ese fondo escapa a gran parte de los controles. Se concede en los presupuestos como una asignación global sin necesidad de justificar.
Según la investigación, los ideólogos de ese sistema de ayudas son Fernández y Viera. El primero está imputado y ya pasó por la cárcel ahora hace un año. El segundo, aún no lo está, aunque quienes siguen el caso desde el principio dan por hecho que la jueza lo hará. Eso sí, una vez que termine la instrucción.
Mellet y Ponce son los responsables de la empresa pública que gestiona el mercado central, presuntamenre hacen a los dueños del restaurante una oferta muy tentadora: les pagan un generoso soborno de 450.000 euros y tentran no solo los terrenos para la escuela que quieren, además les concerán a dedo una subvención de la Junta de 900.000 euros. Lo que no saben es que los empresarios de 'La Raza' les están grabando.
La investigación de este caso destapa graves irregularidades en la tramitación de un ERE presentado por Mercasevilla. Descubren que en la lista de prejubilados hay intrusos, personas beneficiadas con jugosas prejubilaciones, pagadas con dinero público, que nunca trabajaron allí.
Nace así el caso Mercasevilla, embrión del caso de los ERE falsos. La investigación de la jueza Mercedes Alaya, sigue en marcha, pero ya ha conseguido desentrañar buena parte de una importante trama de corrupción.
Hay que retroceder hasta 2001 para encontrar su origen. Ese año, la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, firma un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía, una empresa pública cuyo presidente es Antonio Fernández.
Ellos son, según la investigación, quienes idean y ponen en marcha ese sistema que autoriza al IFA a gestionar un fondo de dinero de la Junta para ayudar empresas en crisis. Es lo que en los presupuestos andaluces se llama partida 31L, bautizada como 'fondo de reptiles' por uno de los principales imputados. Entre 2001 y 2011, la Junta presupuestó así 844 millones de euros, según datos de los presupuestos andaluces.
Al ser gestionado por una empresa pública y no directamente por la administración, ese fondo escapa a gran parte de los controles. Se concede en los presupuestos como una asignación global sin necesidad de justificar.
Según la investigación, los ideólogos de ese sistema de ayudas son Fernández y Viera. El primero está imputado y ya pasó por la cárcel ahora hace un año. El segundo, aún no lo está, aunque quienes siguen el caso desde el principio dan por hecho que la jueza lo hará. Eso sí, una vez que termine la instrucción.
