martes, 21 de enero de 2014

Iñaki Gabilondo: ¿Cuándo va a desaparecer la casa real española?


Publicado el 4/04/2013
El despliegue mediático en los juzgados de Palma será de los que hacen época a la caza de una instantánea que puede catalogarse como histórica: la aparición de la infanta Cristina para prestar declaración ante el magistrado, José Castro, después de que este la imputara ayer en el caso Nóos como copropietaria de Aizóon y directiva del instituto de marras, un golpe por parte de la justicia en la línea de flotación de la Corona española, desangrada por un descrédito que parece no tener fin. Los últimos correos electrónicos aportados por Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, han acabado de convencer al juez para que tome declaración a la hija del rey Juan Carlos, una citación que no está apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá, pero que Castro razona en 19 folios y resume en el hecho de que, o la imputaba o el ciudadano podría convencerse de que la justicia, como arma ética, no es igual para todos. La medida pone fin a la inviolabilidad de la familia real.


"Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga -secretario personal de las infantas- era la de una utilitarista figuración", aduce el juez en su auto, señalando que la mujer de Urdangarin prestaba su consentimiento a que se usara "su nombre, tratamiento y cargo", e incluso a que ella ejerciera de socia copartícipe, junto a su marido, de la entidad mercantil Aizóon.



De ahí que el magistrado estime que "surgen una serie de indicios que hacen dudar" de que Cristina ignorara que el duque de Palma la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos. "Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita", apostilla el juez, con el objetivo de que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y ahí es cuando mimetiza con el mensaje que el rey español trasladó hace un par de navidades: la imputación se cimenta, en buena parte, en "evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".



Ha sido tras la séptima remesa de correos aportados por Torres cuando ha terciado la decisión, después de que el juez se negara a apartar de la causa estos mensajes, como pretendía Urdangarin, y con los que su exsocio se ha empeñado en demostrar que el monarca conocía y apoyó los negocios de su yerno. Torres lleva un año facilitando emails que persiguen evidenciar que Cristina estaba metida de lleno en los negocios de Nóos. De paso, empata su particular partido porque su mujer, Ana María Tejeiro, ya estaba imputada desde el 29 de diciembre de 2011. Entre los documentos remitidos, el último y determinante está fechado el jueves 20 de febrero de 2003, cuando el proyecto empresarial tomaba cuerpo, y en él el duque de Palma se dirige a su esposa en los siguientes términos: "Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime qué piensas please... Ciao".



Hasta ayer, Cristina había resistido a la imputación porque se consideraba que no había participado en la toma de decisiones de Nóos, instituto sin ánimo de lucro creado en 1999, y que amasó contratos millonarios de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos bajo la batuta del PP. Los contratos se adjudicaron a dedo y nadie controló que el dinero público otorgado se correspondía con lo en verdad gastado, según la investigación judicial. De ahí que una gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabara en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y Torres. Cuando se hizo cargo del instituto, el propio marido de Cristina hizo partícipe de su aventura a decenas de personas en un correo electrónico, entre ellas la princesa alemana Corinna, amiga íntima del rey, y que también envió a Juan Carlos de Borbón y a Revenga.



Por ello, el juez Castro, que desechó la opción de citar a la infanta como testigo ya que sería "de escasa utilidad", cree "inevitable" que preste declaración en el actual momento de la causa, que describe como "la recta final de la instrucción". Subraya que su citación no prejuzga actuaciones procesales ulteriores y deja abierto "todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto", desde el sobreseimiento a "reproches penales" o civiles por parte de las acusaciones.

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