Publicado el 7/5/2014
En España, asociaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) o Rights International Spain (RIS), denuncian que el derecho a la protesta está amenazado en el país. Detenciones e identificaciones arbitrarias son habituales en las manifestaciones y la futura Ley de Seguridad Ciudadana podría agravar esta situación.
Las medidas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno español en los últimos años han elevado el número de protestas ciudadanas, y con ellas, los actos de represión policial, según denuncian ciudadanos y asociaciones de derechos humanos. Uno de estos casos es el de Jorge Aranda. En una concentración en contra de la privatización de la Sanidad de Madrid (capital), fue detenido y acusado falsamente de intentar agredir al exconsejero de Sanidad.
Pero gracias a estas imágenes, tomadas por una cámara de televisión, se demostró que la acusación policial era falsa. Por esa razón, cada vez más ciudadanos anónimos graban con sus teléfonos móviles las actuaciones policiales.
Actualmente tomar imágenes de un agente cuando está actuando en público es legal, pero podría dejar de serlo cuando el Gobierno apruebe la futura y polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley que podría atentar contra derechos fundamentales.
En 2012 se celebraron en toda España más de 14.700 manifestaciones y solo hubo actos de violencia en menos del 1 %. Por ello, organizaciones de derechos humanos, aseguran que la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el Gobierno es innecesaria y desproporcionada.
Eduardo López-Jamar, Madrid.
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